La inteligencia artificial ocupa cada vez más espacio en la educación, el ámbito laboral, la justicia y la vida cotidiana. Sin embargo, su rápido avance también genera preocupación por el uso indebido de datos personales, la suplantación de identidad y la difusión de imágenes falsas, prácticas que pueden vulnerar los derechos de la ciudadanía.
Ante este escenario, la Asamblea Nacional mantiene en debate diversas iniciativas legislativas que buscan establecer un marco normativo para el uso de esta tecnología en el país.
El proceso tomó un nuevo rumbo el pasado 15 de septiembre, cuando el Pleno de la Asamblea archivó, con 88 votos, el proyecto de Ley General para la Regulación y Promoción de la Inteligencia Artificial. Pese a esta decisión, la discusión continúa con otras propuestas que plantean abordar su aplicación en ámbitos como la educación, el empleo, el servicio público, la justicia, la protección de datos personales y la prevención de la violencia digital.
Una oportunidad para el desarrollo
Jorge Armijos, docente de la Universidad Técnica de Machala y coordinador de la Maestría en Educación, Convención e Inteligencia Artificial, considera que estas iniciativas representan una oportunidad para establecer un marco jurídico que promueva el uso ético y responsable de esta tecnología.
El académico señala que la inteligencia artificial no debe ser vista únicamente como una amenaza, pues también puede contribuir al fortalecimiento de la educación, la investigación científica, la innovación y el desarrollo económico. No obstante, advierte que su regulación debe responder a las necesidades y los riesgos propios de cada sector.
En el ámbito educativo, destaca la importancia de preparar a docentes y estudiantes para utilizar estas herramientas de manera crítica y responsable. En el campo laboral, considera necesario prevenir posibles casos de discriminación derivados de decisiones automatizadas. Asimismo, en la administración de justicia y el servicio público, subraya la importancia de mantener la supervisión humana y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
El reto para Ecuador será encontrar un equilibrio entre el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial y la protección de la ciudadanía frente a sus posibles riesgos.
Reporta: Angie Buele
