La reunión convocada por la ministra de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, realizada el martes 23 de septiembre en el centro ECU911 de Machala, no ha dejado información pública sobre los temas tratados, los acuerdos alcanzados ni los compromisos asumidos para la prevención de afectaciones por el fenómeno El Niño. Hasta la mañana del miércoles, ninguna de las autoridades participantes —gobernador, alcaldes, prefecta, jefes de Bomberos— había difundido datos concretos sobre el plan de acción.
Si bien varias entidades confirmaron su asistencia en redes sociales, sus publicaciones se limitaron a frases generales como “se trabaja de manera articulada”, sin detallar obras priorizadas, recursos asignados, plazos de ejecución ni responsables. Esta omisión contraviene la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), que obliga a publicar de forma permanente, clara y desglosada las decisiones institucionales, así como las actas de las sesiones.
La ciudadanía orense ha expresado su rechazo ante la falta de claridad, cuestionando si estas reuniones responden a acciones reales o solo a demostraciones formales. La población demanda información concreta: qué obras se realizarán, en qué cantones, con qué recursos, en qué fechas y mediante qué mecanismos de control.
La reunión se produjo en el marco de la alerta roja nacional y la confirmación de que El Niño ya se encuentra en curso, con lluvias e inundaciones que afectan al país. En este contexto, la ausencia de comunicación oficial no es solo una falla administrativa: representa un riesgo para la población, que necesita conocer protocolos de evacuación, ubicación de albergues y rutas de respuesta ante eventuales emergencias.
